La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia, integrada por las organizaciones FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y de Madres de Alumnos y Alumnas), la Federación de Asociaciones de Vecinos, AMYDEP (Asociación para la Mejora y Defensa de la Escuela Pública), Organizaciones de Estudiantes, FE de CC.OO, FETE-UGT, STERM, PSOE e IU

LE EXPONE:

Su preocupación y pesar porque ante la actual reforma jurídica, que en profundidad se le está aplicando al sistema educativo (LOU, Ley de FP, Decretos de Currículum, etc.), el debate, que tendría que ser lo primero, se posterga, se anula por imposición de los hechos.

Echamos de menos la realización de una EVALUACIÓN JUSTA de la situación que atraviesa el Sistema educativo, fundamento riguroso de cualquier propuesta de mejora. Evaluación que contemple los logros alcanzados y las dificultades encontradas, las carencias y las propuestas para superarlas. Huyamos del dato manipulado, de la comparación interesada.

El fracaso escolar, la convivencia en los Centros educativos, la "bajada de niveles educativos", la promoción automática de los alumnos, la formación versus selección, la atención a la diversidad en el aula o en aulas diferentes, la escolarización hasta los 16 años, la prueba de reválida, el sistema de elección de Director/a o los cambios en el acceso a la función pública docente son asuntos de tan hondo calado, que nos resistimos a verlos plasmados en la anunciada y bautizada solemne e hiperbólicamente, como LEY ORGÁNICA DE CALIDAD, si antes no ha abierto un proceso de consulta y debate. La experiencia nos dice que, desgraciadamente, la calidad no es algo que se alcance por decreto, hay que implementarlo.
Compartimos con V.E. el noble deseo de incrementar la calidad de la enseñanza. Calidad que se nutre de libertad e igualdad en el acceso y permanencia en el sistema educativo para que cada persona pueda dirigir su propia vida. Calidad para todos y todas. Y nuestro sistema será de más calidad si enseña mejor las competencias para la profesionalidad múltiple que aguarda el futuro inmediato al alumnado de hoy (11 profesiones a lo largo de su vida laboral); si enseña mejor a convivir, a participar, porque si no participo, no cuento, me cuentan; si enseña mejor a ser un buen ciudadano con dominio de la Lengua, de las Matemáticas, de la Historia, porque no se puede ser un ciudadano libre sin haber recibido una buena educación.

Nos dicen los psicólogos del aprendizaje que el motor más potente para acercarnos al conocimiento cierto es el error. Y siguiendo su consejo, consideramos que fue un grave error no abrir el debate ante asuntos de gran importancia educativa en el pasado inmediato, como los Decretos de Enseñanzas Mínimas (diciembre de 2000) o la LOU (diciembre de 2001), causas de gran malestar social y profesional, y en particular, el provocado por ésta y, cuyo cierre en falso, traerá consigo múltiples situaciones indeseables en un Estado de Derecho: desde la amenaza de su incumplimiento, realizada por varios claustros universitarios, hasta la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra parte de su articulado.

Aprovechar los órganos de participación de la ciudadanía en materia educativa: los Consejos Escolares, desde el Consejo Escolar del Estado hasta los Consejos Escolares de Centro para presentar, dialogar, debatir y aportar experiencias e ideas que, bien canalizadas a través de las Consejerías y Parlamentos autonómicos, puede servir para incrementar la conciencia, la responsabilidad y el consenso indispensables para la aplicación de la ley. Sobre todo, de una ley que quiere dar respuesta a los retos que el siglo XXI le plantea al sistema educativo en su conjunto.

Está en tiempo de impedir que lo que resta de curso sea tan crispado, doloroso y desagradable como desgraciadamente fue el primer trimestre del mismo. La forma, más allá del fondo, con que la Secretaria de Estado, Dª Isabel Couso, anunció, el pasado lunes, 4 de febrero, dos de los elementos que contendrá la Ley: los itinerarios y la reválida, lo que nos produce indignación y pesar. Ese seguiría siendo el camino equivocado. Equivocado porque es el camino de la confrontación gratuita, el camino del trágala, el camino de la negación de la democracia, entendida como participación directa de los ciudadanos en los asuntos que más les afectan, en el ámbito de la educación.

Y el fondo de lo anunciado puede provocar el efecto contrario de una buena educación. Fernando Savater, en una carta dirigida a su antecesora en el cargo, Dª Esperanza Aguirre, le decía que una BUENA EDUCACIÓN "despierta el apetito de más educación, de nuevos aprendizajes y enseñanzas". La segregación del alumnado en grupos de rendimiento, en aquellos países donde llevan años implantados, en EE.UU, Gran Bretaña o Canadá, por poner tres ejemplos, produce el efecto contrario al deseado. Los niños no tienen conciencia de lo que ignoran, somos los adultos los encargados de evaluar los conocimientos que les faltan y ayudarles a crecer a través del esfuerzo que tienen que realizar para alcanzarlos.

Nos angustia pensar que el alumnado adscrito a los itinerarios 3º y 4º adelanten su exclusión social en la medida en que sus compañeros del primer itinerario sigan por la vía del progreso y la ascensión académica, antesala de mejor ubicación en la escala social. Nos resistimos a decirle adiós al doble objetivo de la mejora de la cohesión social y del desarrollo de la identidad de los sujetos como prioritario de nuestro sistema educativo.

De la anunciada reválida, ¿qué decirle? Que puede echar por tierra la difícil construcción de la cultura académica de la EVALUACIÓN CONTINUA, la manera más adecuada, a nuestro entender, de utilizar la evaluación como un instrumento que resitúa con precisión los procesos de enseñanza-aprendizaje que ayude al alumnado a verificar lo que sabe y a descubrir las dificultades que le impiden comprender correctamente la materia de estudio.

No obstante, los itinerarios, la reválida y cualquiera otra medida que contenga la futura Ley son medios que persiguen mejoras en el sistema. Tratémoslos como tales y pongámos en cuestión de si son los instrumentos más adecuados para conseguir la pretendida calidad para todos, o en cambio, se puede conseguir más calidad para unos a costa de peor enseñanza para los más, a costa de renunciar a la educación integral. Y pensemos en otras medidas que proporcionando calidad educativa, no sacrifiquen la equidad y aspiren a animar al alumnado a que no abandone el sistema educativo al finalizar la enseñanza obligatoria y a recuperar a los más de 140.000 jóvenes, de entre 16 y 19 años, que están fuera del sistema educativo.

Estamos en tiempo de abrir el debate necesario que nos lleve al consenso imprescindible para "lograr que la sociedad sepa, controle y apoye lo que hace su sistema educativo y que los agentes de éste se sientan obligados y respaldados por aquélla" (Manifiesto de Jabalquinto).

Y LE SOLICITA:

La apertura de un tiempo de consulta y debate, de diálogo constructivo, cuyo contenido verse sobre la que presuntamente se denominará "Ley Orgánica de Calidad", para lo que consideramos imprescindible que dé a conocer, sin más dilación, el anteproyecto de ley correspondiente y se recojan, a través de los cauces establecidos, las aportaciones de la comunidad educativa.

En Murcia, a 7 de febrero de 2002

Por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia